Reciente ha salido reflejado en varios medios el gasto que realizó en 2017 en I+D+i en España. 2017 fue un año terrible para la para la I+D+i en España en el que se gastó poco y el dinero disponible no se agotó. La ejecución presupuestaria, que mide el total del presupuesto gastado, no llegó ni al 30%, según los datos de la Fundación Cotec, dirigida por la exministra de Ciencia Cristina Garmendia. En este sentido, la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, matiza ese porcentaje, ya que no incluye las partidas correspondientes a la Agencia Estatal de Investigación ni el Centro Superior de Investigaciones Científicas.
La cifra de temporalidad entre los investigadores sigue siendo muy elevada (en algunos centros llega al 90%), mientras que la fiscalización de Hacienda está provocando retrasos que han llevado al colapso a organismos públicos de investigación como el Instituto Nacional de Investigación Agraria y Tecnológica (INIA).
Para corregir estos desequilibrios, el plan que ha trazado Economía pasa por tres ejes: revisar todas las ayudas a la I+D, especialmente las dirigidas a las empresas, para elevar la participación del sector privado; un plan de estabilización del empleo temporal en los organismos públicos a tres años y la supresión de la autorización previa de Hacienda en aquellos proyectos donde “la naturaleza de las actividades lo justifique”.
Los dos últimos puntos dependen de la aprobación de los Presupuestos Generales de 2018, aunque Vela remarca que la oferta de empleo público podría aprobarse por real decreto.
En cuanto a la escasa participación de las empresas en la I+D, Economía revisará todas las ayudas que gestiona el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
La secretaria de Estado considera que el instrumento más potente para impulsar la I+D privada será la creación de fondos de garantías para asegurar parte del riesgo de los créditos concedidos. El primero de ellos cubrirá los riesgos que asuma el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) en el programa Cervera, orientado a centros tecnológicos que impulsen la colaboración público-privada. Dotado con 80 millones servirá, en palabras de Vela, para reducir los avales que se exigen para optar a un crédito.
